San Cristóbal. Familiares de un joven fallecido en un accidente de motocicletas pidieron hoy al general Ramón Antonio Guzmán Peralta, titular de la Dirección General de Tránsito y Transporte (DIGESETT) disponer de una investigación que determine las razones que justificaron a los agentes del distrito municipal de Hatillo utilizar un seguro a nombre de una mujer con la finalidad de proteger al motociclista que provocó la colisión.
Los señores Juan Francisco Sierra, María Altagracia Cordero Arias, Elvis Ariel del Rosario, Yesica Bruján Sierra (tíos), Paulina Valdez (esposa) y Maireny Sierra Arias madre del joven Luis Alexander del Rosario Sierra dijeron que este murió el 14 de agosto pasado al ser embestido por el motociclista José Miguel López Guzmán quien conducía sin seguro mientras realizaba una carrera ilegal en la avenida 6 de noviembre.
En la motocicleta conducida por del Rosario Sierra iba a bordo una menor de edad quien resultó con lesiones graves siendo internada en un centro médico. “Nuestro pariente se trasladaba a una diligencia cuando fue embestido por la moto de López Guzmán a alta velocidad que competía por dinero con otras motos”, expresaron.
Lamentaron que los jueces de la Primera Sala de Juzgado de Paz Especial de Tránsito de San Cristóbal le dejaran en libertad tras imponerle una simple fianza de 40 mil pesos donde hay un muerto y una niña herida por irresponsabilidad del motorista y de los agentes de la Digesett que se confabularon para perjudicar a los familiares de la víctima.
“Por eso demandamos al general Guzmán Peralta que disponga una investigación ya que los agentes de la Digesett de Hatillo alteraron el procedimiento y ocultaron lo ocurrido al Ministerio Público y a los jueces de Paz suministrándoles un expediente alterado, carente de la verdad y con un seguro a nombre de otra persona” indicaron los familiares del fallecido.
En ese sentido, anunciaron que evitando se repitan hechos similares demandarán penal y civilmente al motociclista José Miguel López Guzmán por daños y perjuicios, y a los agentes de la Digesett por encubrimiento de un delito que motivó a los jueces del tribunal de tránsito de San Cristóbal fallar a favor de la persona que ocasionó el accidente.
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